La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) ha proporcionado datos contundentes que arrojan luz sobre la brecha económica entre personas con y sin discapacidad en nuestro país. En el período de 2020 a 2022, se ha observado que la diferencia en el ingreso promedio trimestral es considerable, con casi dos mil pesos menos para aquellos que tienen alguna discapacidad. Mientras las personas sin discapacidad ganan en promedio 8 mil 528 pesos, las personas con discapacidad solo obtienen 6 mil 646 pesos, lo que representa un 22.1 por ciento menos.
Aunque ambas poblaciones han experimentado un aumento en sus ingresos promedio, este crecimiento ha sido desigual. Durante esos dos años, las personas sin discapacidad aumentaron su ingreso trimestral en un 13.04 por ciento, mientras que las personas con discapacidad solo lograron un modesto incremento del 6.52 por ciento.
Esto refleja una clara disparidad económica y resalta la importancia de abordar esta situación.
Uno trabaja para rehabilitarse
El impacto de la discapacidad en los gastos también es evidente. Mientras la población en general destina un 3.5 por ciento de su ingreso en salud, las personas con discapacidad deben destinar más del 100 por ciento de sus ingresos anuales en el mismo rubro. La salud se convierte en una carga financiera significativa para este grupo, lo que resulta en dificultades para acceder a los servicios y bienes necesarios para mejorar su calidad de vida.
La vida de una persona con discapacidad se ve afectada en múltiples aspectos, desde el acceso a servicios de rehabilitación hasta la adquisición de dispositivos y tecnologías de apoyo. La falta de precios específicos para estos bienes y servicios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dificulta la medición y planificación de recursos. En muchos casos, las personas con discapacidad deben recurrir a estudios e investigaciones independientes para conocer el costo real de sus necesidades.
Un ejemplo claro es el gasto en terapias de rehabilitación, que resulta fundamental para muchas personas con discapacidad. La falta de datos precisos en el INEGI sobre los precios de estas consultas lleva a estimaciones basadas en otros indicadores económicos como el salario de la carrera de rehabilitación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y hacer un cruce con productos del propio INPC (analgésicos y bastones y lentes).
En 2023, una persona con discapacidad gasta en promedio 27 mil 660 pesos al año en terapias, superando su ingreso promedio anual de 26 mil 584 pesos. Esto los deja en una situación de endeudamiento para poder afrontar los costos de cuidado y bienestar.
El bienestar como derecho humano
Es necesario reconocer que el derecho a un nivel de vida adecuado y protección social está consagrado en el Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto implica el acceso a servicios, dispositivos y asistencia adecuados y a precios asequibles, para atender sus necesidades específicas relacionadas con la discapacidad.
El Artículo 25 de la Convención aborda la importancia de la salud, y el Artículo 26 se enfoca en la habilitación y rehabilitación.
En este sentido, se insta a los Estados Partes a promover el desarrollo de formación inicial y continua para profesionales y personal que trabajan en los servicios de habilitación y rehabilitación. También se resalta la necesidad de fomentar la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a personas con discapacidad, para favorecer su habilitación y rehabilitación.
En el contexto de las obligaciones generales establecidas por el Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se destacan diversas medidas para fomentar la inclusión y mejorar la calidad de vida de este colectivo.
En primer lugar, se resalta la importancia de emprender e impulsar la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. el objetivo es que estos recursos sean accesibles para todas las personas, minimizando la necesidad de adaptaciones costosas, y así satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Además, se enfatiza la promoción del diseño universal en la elaboración de normas y directrices, lo que contribuiría a crear un entorno más inclusivo.
Por otro lado, se hace hincapié en la relevancia de investigar y desarrollar nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como ayudas para la movilidad y dispositivos técnicos adecuados para personas con discapacidad. Se considera prioritario asegurar que estas tecnologías sean asequibles, lo que permitirá una mayor accesibilidad y mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Con relación a la formación, se destaca la necesidad de promover la capacitación de profesionales y personal que trabajan con personas con discapacidad, respecto a los derechos reconocidos en la Convención. Esto permitiría brindar una mejor asistencia y servicios que garanticen los derechos de este colectivo.
Las estadísticas obligatorias para el INEGI
Para ello, es imperativo y obligación de derechos humanos que el INEGI y el INPC incluyan en sus mediciones y análisis los bienes y servicios específicos requeridos por las personas con discapacidad. Esto permitiría una mejor comprensión de su situación económica y facilitaría la planificación de políticas públicas inclusivas y efectivas.
Además, se deben promover políticas y programas que impulsen la investigación y desarrollo de tecnologías de apoyo y diseño inclusivo. Estas iniciativas no solo mejorarán la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también beneficiarán a la sociedad en su conjunto al fomentar la inclusión y la accesibilidad universal.
Las cifras económicas proporcionadas por la ENIGH muestran claramente la brecha de pobreza que afecta a las personas con discapacidad en nuestro país. La falta de acceso a servicios y bienes asequibles dificulta su inclusión y pleno desarrollo.
Es responsabilidad de la sociedad y el Estado trabajar juntos para garantizar que todos, sin importar su condición, tengan igualdad de oportunidades y puedan disfrutar de una vida digna y plena. Solo a través de un enfoque inclusivo y solidario lograremos construir una sociedad justa y equitativa para todos.
*Agustín de Pavía es maestro en Derecho, experto en el tema de Derechos Humanos e Inclusión, reconocido nacional e internacionalmente. Ha participado en CONAPRED y COPRED. Cofundador de Yo También, plataforma de la que fue su primer director.
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