Nivel de estudios de la población con discapacidad

TARDE MUCHO EN ENCONTRAR ESTE EXCELENTE ESTUDIO QUE AL FIN ME HIZO DESTACAR NUMEROS QUE YO HABIA ADUCIDO YA ANTES CON INFORMACION DE INEGI,  PERO QUE AQUI SE SUSTENTAN DE FORMA MUY CONCRETA

LOS Invito a enterarnos de esta realidad que nos inolucra a  TODOS 

Excelente y magistral articulo

Por Wilfrido Gómez, Andrés Moctezuma y Andrea M

PUBLICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2022

El acceso a la educación es uno de los derechos constitucionales y humanos más relevantes para la población con discapacidad, en virtud del rol que tiene en la formación y capacitación de la persona. La exclusión educativa tiene, por tanto, un enorme impacto en las posibilidades de las personas con discapacidad para integrarse a la vida social, desarrollar condiciones de independencia y autonomía, así como para su crecimiento intelectual. Desafortunadamente, resulta evidente el gran atraso que existe en México en torno a esta situación, en particular en la educación media y superior, y por lo mismo es enorme el esfuerzo que las instituciones, incluyendo a la sociedad y las familias, deben hacer para superarlo.

A pesar de que los datos que se reportan en este escrito son relevantes, quedan muchas preguntas fundamentales cuya respuesta será preciso seguir indagando. Por ejemplo, para la población con discapacidad ¿Es factible obtener un indicador de las condiciones de realizar estudios formales por grados educativos y así tener una estimación de la exclusión educativa? ¿Cuál sería la demanda de estudios universitarios en nuestro país si estos centros contaran con lo que se conoce como acceso universal?

En el presente estudio se analizan los datos relacionados con la educación y la discapacidad presentados en la encuesta ENIGH 2018 del INEGI. Para fines de claridad el estudio se divide en cuatro apartados: el primero habla de datos generales; el segundo sobre educación y discapacidad por género; el tercero sobre educación y tipo de discapacidad; y el cuarto se centra en la educación superior y la discapacidad. Al final se presentan conclusiones generales.

Datos generales

De inicio es necesario advertir que la información obtenida tiene un sesgo que no es posible determinar, toda vez que la ENIGH 2018 no precisa el momento en que las personas con discapacidad adquirieron esa condición, a excepción de la discapacidad desde el nacimiento. Por ello, no está definido si las personas con discapacidad en el 2018 realizaron los estudios antes o después de encontrarse con alguna limitación. No obstante, los resultados obtenidos son relevantes y representan una tendencia general.

La Encuesta considera los grados de estudios formales, desde la primaria hasta el posgrado, así como los aprendizajes previos a la primaria, como preescolar. Para dimensionar la situación de exclusión que enfrentan en esta materia las personas con discapacidad se realiza un análisis comparado con la situación de la población sin discapacidad.

En México la población sin discapacidad que no tiene ningún grado escolar corresponde al 5% de la población total, mientras que para la población con discapacidad este porcentaje se multiplica casi por cuatro representando al 19.7% del total de personas con discapacidad.

En el caso de la población con discapacidad los estudios realizados se concentran mayoritariamente en el grado de primaria, con el 46%; en contraparte la escolaridad de la población sin discapacidad tiene una distribución más homogénea, predominando los segmentos de primaria, secundaria y preparatoria, con una suma que equivale casi al 70% de esa población. Por otro lado, sólo el 16.4% de la población con discapacidad tiene nivel de educación secundaria y el 6.3%, nivel de bachillerato.

Para el caso específico de la educación universitaria, profesional, sólo accede el 4.9% de la población con discapacidad, mientras que dicho porcentaje sube al 12.6% en el caso de las personas sin discapacidad. Por último, es de señalarse la baja participación de las personas con discapacidad en el caso de los grados de maestría y doctorado.

Dado que es mayoritaria la población que no nace con discapacidad, sino que la adquiere en el transcurso de su vida, especialmente en la llamada tercera edad, las cifras reportadas se encuentran sobrevaloradas en virtud de que es probable que el levantamiento de la encuesta analizada se pudo haber efectuado cuando algún individuo de la muestra aún no tenía discapacidad. A pesar de esta probable sobrevaloración, no deja de ser notable el rezago educativo del sector con discapacidad.

Comparación entre la escolaridad de la población con discapacidad y población sin discapacidad

Educación y discapacidad por género

Analizando las diferencias por género respecto al derecho a la educación, la Encuesta registra una mayor exclusión en el caso de las mujeres con discapacidad que los hombres con discapacidad. El segmento de mujeres con discapacidad presenta un mayor porcentaje de personas sin estudios, 22.09%, en comparación con el porcentaje de hombres con discapacidad sin estudio alguno, 17.08%, generándose una diferencia relativa entre ambos géneros.

La diferencia de género es más pronunciada en el caso de la educación profesional, donde el género masculino con discapacidad tiene una participación proporcional que es más del doble que en el caso femenino con discapacidad: 6.08% contra 3.89% respectivamente. De igual manera, los hombres registran una participación mayor a nivel de maestría y doctorado. No así en los casos de estudios de carreras técnicas y normalistas, en los que la participación de las mujeres con discapacidad supera con más del doble a la masculina.

Escolaridad de la población con discapacidad por género

Educación y tipo de discapacidad

Un pendiente de la investigación en curso es la de distinguir a la población con una sola discapacidad de los casos donde ésta se encuentra acompañada de otra u otras. Por lo pronto se ha considerado sólo la lista de discapacidades únicas; sin embargo, en ellas se incluyen, sin diferenciar, las discapacidades múltiples asociadas, lo que genera un sesgo en los datos. Sin embargo, los datos disponibles permiten realizar una primera aproximación agrosso modo.

Las personas con discapacidad mental, de atención-aprendizaje, autocuidado y del habla (maah) en una proporción próxima al 30%, no tienen estudio alguno; cerca del 45% cursaron preescolar y primaria; un 10% la secundaria; menos del 5%, el bachillerato, o carreras técnicas, y contados casos cuentan con estudios a nivel superior, carrera normal, profesional, maestría y doctorado. Las personas con discapacidad mental son las que tienen mayor grado de exclusión educativa.

La población con limitaciones auditivas, realizan estudios en un porcentaje mayor que la que tiene discapacidad mental. En este segmento, las personas sin estudios representan el 25%; por otra parte, casi la mitad tiene el nivel aprobado de preescolar y primaria, que es ligeramente superior al que corresponde a la secundaria y bachillerato; por último, casi el 5% de esta población cuenta con estudios superiores, que incluyen la carrera normal, profesional, maestría y doctorado.

Las personas con problemas de motricidad han alcanzado en promedio un mejor nivel educativo que los casos anteriores. El analfabetismo (sin estudio alguno) es de 20%; la mitad de la población cuenta con primaria; un 15%, con secundaria, un 9% aproximado con preparatoria o carrera técnica y un 6% culminó estudios superiores.

Finalmente, en la población con discapacidad visual, se encuentran los mejores resultados en su nivel de formación. Presentan la más baja tasa de analfabetismo, 18%; con preescolar y primaria se encuentra casi a la mitad de esta población; tiene la mayor tasa de participación en secundaria, 17%; lo mismo que en preparatoria y carreras técnicas con el 11%, así como a nivel de la educación superior con el 7%.

Escolaridad de la población con discapacidad por tipo de discapacidad

Educación superior

En la población con discapacidad que alcanza grados de educación superior se observa un considerable regazo respecto a las personas sin discapacidad, ya que ésta representa sólo el 9.8% de la población total, mientas que para la situación de las personas sin discapacidad esos niveles suben al 16.8% de su población total.

A nivel desagregado, se observa que sólo el 4.9% de la población con discapacidad, cerca de cuatrocientas mil personas, cuentan con el grado de profesional de licenciaturas, dato que contrasta con el 12.6% alcanzado por la población sin discapacidad.

Los grados obtenidos en carreras técnicas por la población con discapacidad, 3.6%, compiten de cerca con la educación profesional, a diferencia de lo que ocurre en la población sin discapacidad en la que únicamente el 2.6% cursa carreras técnicas; las personas con discapacidad con estudios normalistas representan el 0.78%, en tanto el porcentaje de la población sin discapacidad que cursa la normales del 0.4%. La población con discapacidad que reportó estudios de posgrado es marginal.

Tomando en cuenta el tamaño de las poblaciones por tipo de discapacidad es posible destacar que los porcentajes más altos de participación en el total de egresados de carreras profesionales es el de las personas con discapacidad motriz, 45%, seguidas de las limitaciones visuales 30%. Esta proporción se mantiene en el caso de las maestrías 51% y 33% y del doctorado 63% y 35% respectivamente. En conclusión, los niveles de posgrado corresponden casi en su totalidad a personas con discapacidad motriz y visual. No obstante, el mayor porcentaje del residuo de la población con discapacidad con educación superior corresponde a personas con discapacidad auditiva, que en general se mantiene en tercer sitio, aunque con una diferencia notable.

Nivel de estudios superiores alcanzados por la población con discapacidad

Nivel de estudios superiores alcanzados por la población sin discapacidad

Conclusiones

1. El nivel educativo de las personas con discapacidad muestra la brecha en la que se encuentra esta minoría poblacional con 1 millón 832 mil 200 personas marginadas en forma absoluta de la educación formal que inicia con el nivel prescolar. Cifra alarmante que representa en términos relativos prácticamente una persona por cada cinco personas de la población con discapacidad, el 19.7%. Un dato importante es que la proporción de analfabetismo es más alta en los jóvenes, al respecto la Enadis 2017, reportó que el porcentaje de analfabetismo en los jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad es del 31.5%, con lo que podemos plantear la hipótesis de que una parte considerable de las personas con discapacidad realizó sus estudios antes de adquirir tal situación. Los niños y jóvenes que nacen con discapacidad o la adquieren a temprana edad no pueden ejercer su derecho a la educación, aun cuando las familias buscan diligentemente que sus hijos accedan a los servicios educativos.

Lprimeros casos de discriminación y negación del derecho a la educación que fueron llevados a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónen 2016 y 2019 muestran parte de esta problemática, en la quejóvenes y niños no logran acceder a la educación, no porque laeducación especial niegue el servicio, sino porque en este contextolas familias necesitaban la modalidad regular. Con esas sentencias,se hizo un hito histórico en la educación al señalar que laeducación especial es excluyente por lo que se hizo forzoso lainclusión educativa en todos los ámbitos. Ambos casos exponen lasmuchas facetas de la discriminación y de la vulneración del derechoa la educación en México. Son pocos casos que se conocen enrelación con los que no se difunden ni llegan a instanciasjurídicas.

2. En relación con la educación básica, preescolar, primaria y secundaria el nivel de educación de la población con discapacidad del 46% se limita a la primaria y hay más personas que no tiene ningún nivel de estudios que quienes tiene estudios de secundaria: 19.7% contra 16.4%. Comparativamente, la población sin discapacidad cuenta con un nivel de estudios promedio de secundaria y con una participación considerable en la educación media superior.

3. En este estudio no fue factible detenerse y ahondar en el análisis de la situación del preescolar y la educación inicial, ésta última ya obligatoria, pero llevar a bebés y niños a guarderías y preescolar no es una práctica muy común en la población en general, sobre todo, si hay posibilidades para el cuidado del infante en casa. Sin embargo, al ser la primera infancia una etapa muy sensible para la estimulación temprana por la plasticidad que tiene el cuerpo en esa etapa de desarrollo, las escuelas de iniciales constituyen un espacio crucial para la identificación de las discapacidades y para proporcionar los estímulos adecuados para el mejor desarrollo del infante con discapacidad. Aunque las familias, tarde o temprano van involucrándose, las educadoras y el personal de las escuelas tienen la posibilidad de identificar más rápidamente problemas en el desarrollo del niño o la niña. Así, la educación especial inmediata, atendiendo el tipo de discapacidad, y sus necesidades se vuelve fundamental. En la primera infancia, de 0-14 años, los tipos de discapacidad se distribuyen más uniformemente, predominando la dificultad del habla, la motriz, la atención-aprendizaje y la visual con porcentajes similares y, por último, la mental, también siendo significativa. Por lo que es necesario que las escuelas cumplan con este amplio espectro. En futuros trabajos se puede ahondar en este tema.

4. Al desglosar los niveles de educación alcanzados, considerando cada tipo de discapacidad, se aprecia que en la educación básica las personas que padecen discapacidad mental sufren el mayor grado de exclusión educativa, después de ellas están la personas con discapacidades auditivas. Las personas con discapacidad motriz se encuentran en una mejor situación, seguidas de las que tienen discapacidad visual. Es posible pensar, porque no hay estudios específicos al respecto, que en muchos planteles de educación básica se han realizado adecuaciones al espacio para generar ciertas condiciones de inclusión, sin embargo, no ha habido cambios en el sistema educativo para lograr integrar personas que necesitan un ejercicio de aprendizaje distinto, por ejemplo, se reporta baja utilización de pictogramas, pues se trata de educandos que requieren de otro tipo de atenciones. Al respecto también se hacen evidentes las limitaciones del sistema para integrar a una niña o niño con discapacidad auditiva, condición que va más allá de la instalación de infraestructura de accesibilidad física y requiere otro tipo de comunicación.

5. La situación de exclusión educativa del sector población con discapacidad se hace en general más pronunciada al tratarse del género femenino, destacándose en especial el hecho de que entre las personas que no cuentan con algún grado de estudios, la situación de las mujeres es mayor en un 20%. En la educación básica y media, la diferencia es menos pronunciada, mientras que en la educación superior es donde se presentan mayores singularidades: mientras que es considerablemente más baja la población femenina con niveles de educación profesional y de posgrado, esta población tiene un peso mayor considerando los estudios normalistas y aún más en las carreras técnicas. La explicación de esto último requeriría de indagatorias más detalladas, no obstante, la diferenciación pudiese estar marcada, en el caso masculino, por la necesidad de contar con una formación que facilite empleos con mayor remuneración económica, en tanto que en el caso de las mujeres se trata de opciones educativas con mayores opciones de empleos, pese a que sean en general de menor remuneración.

6. En lo concerniente los estudios superiores, el rezago de las personas con discapacidad con respecto del resto de la población es de una relación de 1 a 1.7. Dicho rezago es más pronunciado, de 1 a 2 en el caso de los estudios profesionales y de posgrado. En contra parte, las personas con discapacidad con carreras técnicas representan una proporción superior al caso que se presenta tratándose del resto de la población.

7. Finalmente, al observar los niveles de estudios superiores de las personas con discapacidad según su tipo destaca el predominio de la discapacidad de tipo motriz y de naturaleza visual, de forma tal que estas personas concentran el 75% de los casos de estudios profesionales, elevándose aún más cuando se trata de los estudios de posgrado. El tercer lugar corresponde a personas con discapacidad auditiva, sin embargo, su peso es muy reducido.

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2018. Boletín electrónico octubre 2018. Recuperado de https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2018-10/boletin-electronico-octubre_.html y ENADIS. 2017. Resultados sobre personas con discapacidad. Recuperado de http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PcD_web_Ax.pdf. El primero ocurrió en el 2016, en una escuela privada donde le fue negada la reinscripción a la escuela a un joven con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el segundo, se trató de la negación a acceso a la escuela pública más cercana a su localidad, a una niña mazahua con síndrome de Down en 2019. Los casos se siguen sumando, en el 2020 se le negó el derecho a la educación a un niña invidente en Tamaulipas, ese mismo año tampoco se habilitó el salón de clases a una niña en Yucatán con limitaciones para subir escaleras pese a una sentencia local que lo ordenaba; y este año, a un estudiante de universidad con discapacidad le fue negada una habitación en las residencias estudiantiles en el estado de Puebla, estos son los casos que salen a la luz pública, una muestra de lo que acontece y padecen las niñas, niños y jóvenes con discapacidad. La CNDH, registró que de 2010 al 2020 se presentaron 652 quejas en materia de 

 15 objetos de uso diario que le debemos a las personas con discapacidad

¿Conocen el Cur-Cut Effect? El “efecto rampa” explica cómo un objeto o un dispositivo creado para una minoría puede ayudarnos a todos.

Una rampa es una adecuación diseñada para las sillas de ruedas; pero hay más carriolas, bicicletas, niños con mochilas con ruedas, skaters y viajeros con maletas que usuarios de sillas de ruedas. La discapacidad dispara la creatividad.

 https://www.yotambien.mx/wp-content/uploads/2021/12/15-objetos-de-uso-diario-que-le-debemos-a-las-personas-con-discapacidad.pdf           

Super interesante    

 

La abogada con autismo que hace furor en Netflix

10 de agosto de 2022

Se trata de Woo, una abogada extraordinaria que tiene como protagonista a una mujer con autismo, quien enfrenta desafíos dentro y fuera de los juzgados.

Comencé a ver esta serie principalmente porque quiero entender más sobre el autismo. Me ha ayudado a ver las maravillosas cualidades de las personas con esta discapacidad, me impacta la gran inteligencia con la que cuenta la protagonista, superior a la de sus compañeros neurotípicos.

La serie aborda los retos a los que esta abogada se tiene que enfrentar en su trabajo, la discriminación que vive y nos muestra la forma en la que ella ve el mundo.

Cada semana se libera un capítulo nuevo y a mí me ha servido para aprender los aspectos de esta discapacidad y así apoyar a mi nieto a desarrollar sus propias capacidades.

Por Isabel Castillo

La serie de referencia es Woo, una abogada extraordinaria, una entrañable serie coreana que apela a la diversidad y se centra en las vivencias de una joven profesionista que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y debe encarar diferentes casos jurídicos mientras visibiliza la neurodiversidad.

La serie se ha convertido en un éxito mundial, que se ha traducido en un aumento en el número de abonados de la plataforma y ha sido colocada a nivel de las triunfadoras The Good Doctor y Atípico.

*Las notas relacionadas en este texto, que están fuera del sitio  yotambien.mx, no necesariamente contienen un lenguaje inclusivo, o cumplen con criterios de accesibilidad web, compatibles con el uso de tecnologías de apoyo para pcd.  yotambién.mx no es responsable de lo que publican estos sitios de referencia.

 

Una realidad que duele , ya que si tienes immpedimentos  / dificultad motriz solo hay 14 playas que podrias visitar

A   V  A   N  C    E    M  O  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

Urge el apoyo    Unamonos

Prótesis, una de las mayores necesidades en Ucrania

11 de julio de 2022

231

Compartir

Entre la población ucraniana aumenta el número de personas que han sido amputadas por las heridas causadas por la guerra.

DNIPRO, Ucrania – Los militares ucranianos repiten que necesitan que otros países les envíen armas, pero no todos en ese país invadido por Rusia piensan igual. Ese es el caso del centro de rehabilitación de mutilados en Dnipro, donde lo que esperan son prótesis, pues ahora tienen más del doble de pacientes que antes de la guerra.

“Antes recibíamos entre 70 y 80 pacientes por mes. Ahora son hasta 200 o 250, con una importante tendencia al alza”, asegura ante los medios Oleksiy Shtanko, director de la Planta Protésica de Dnipro, una ciudad en el sureste de Ucrania a donde llegan muchos de los heridos en el frente.

La ayuda del exterior es esencial “en estos tiempos difíciles”, subraya, mientras observa a un par de pacientes que hacen ejercicios para aprender a caminar con sus prótesis en las piernas.

Al centro le llega de todo, desde niñas y niños pequeños hasta personas mayores, con mutilaciones menores y más graves, pero tienen prótesis para todos ellos, desde las que les piden por razones de estética a otras más complejas con inteligencia artificial.

Cualquiera puede acudir por una prótesis tras hacer la petición a través de un servicio público de Protección Social, para recibir asistencia gratuita, tanto para elaborar el equipo  como para su estancia durante la rehabilitación.

“Sí llegan ayudas, pero me gustaría ver más, dada la cantidad de solicitudes que recibimos ahora”, confiesa Shtanko.

El centro necesita una ampliación y hace falta dinero, o el envío de cualquier material, desde camas hasta maquinaria de ortopedia, para recibir más militares heridos y también a civiles, para ayudar “a un mayor número de personas”, añade.

La guerra ha obligado a acelerar su trabajo, pues antes les llevaba un par de meses elaborar cada prótesis, a la medida y necesidad de cada paciente, y ahora tardan solo uno.

Antes las amputaciones eran por causas como accidentes laborales o de tráfico, ahora son muchas más las causadas por las heridas de la guerra, explica.

Shtanko destaca que los menores costes, por ejemplo en salarios, hacen que una prótesis en este centro resulte tres veces más barata que lo que puede costar en otros países de Europa, donde puede superar los 10 mil euros (casi 210 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del 8 de julio).

“Con ese dinero aquí tienen para tres, contando todo el proceso desde su fabricación hasta completar la rehabilitación, que en el caso de las piernas es rápido, en tres o cinco días se aprende a andar de nuevo”, comenta. Pero para él, más que el dinero lo que importa es el resultado, que quien acuda a ellos salga satisfecho.

Por Redacción Yo También | Fotografía de Emilio Morenatti/Agencia AP.

 

Triste realidad

 Cuando la situacion se pone mas complicada     

Historia actual de la vida real

Oír la guerra, pero no verla: la experiencia de un grupo de personas con discapacidad visual

19 de agosto de 2022

150

Compartir

En medio de la invasión rusa, un albergue gestionado por la Sociedad Ucraniana de Ciegos aún apoya a 18 de 60 personas que viven ahí.

La guerra es terrible desde cualquier ángulo que se le vea. Pero imaginen por un momento lo que es escucharla con sus estruendos mortales, pero no verla, no saber qué tanto estamos protegidos o qué tanto estamos expuestos a lo que venga.

Esa es la realidad que vive un grupo de personas con discapacidad visual en la ciudad oriental de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, que continúa bajo fuego por la invasión de las fuerzas militares de Rusia, según un despacho de la agencia Reuters publicado por el portal Aristegui Noticias.

Viktor Solovyanenko forma parte de esa comunidad que habita un albergue gestionado por la Sociedad Ucraniana de Ciegos y dice que desde que empezó la invasión rusa, el 24 de enero, ha salido lo menos posible “porque teme pisar municiones sin explotar u objetos afilados”.

“Es horrible, realmente horrible. Es peligroso para mí salir a la calle”, dice el ciudadano ucraniano de 54 años.

“Potencialmente, podría estar pisando algo que podría explotar. Intento caminar lo menos posible por la ciudad porque es peligroso”.

El albergue donde vive en un principio dio cobijo a 60 personas, pero tras la invasión muchos huyeron al extranjero y ahora son 19 los que lo habitan y se reparten tareas y apoyo.

Solovyanenko toca las paredes para orientarse en el albergue, pero puede realizar tareas como planchar. Comparte las comidas con su compañera Natalia Pokutnia.

“Todo el mundo se ríe de esto, pero tengo buena memoria visual. Recuerdo dónde ir, pero si hay un pozo, seguro que me caigo en él”, dice Pokutnia.

El ucraniano explicó que como no puede ver, el comienzo de la guerra le resultó confuso y caótico.

“Al principio, no entendíamos lo que estaba pasando. En serio, todo se volvió muy caótico. Probablemente oí aviones, no los he visto, la gente me lo dijo”, cuenta. “Inmediatamente nos cubrimos y cerramos la ventana para no ser visibles. Los chicos me dijeron que era horroroso, que veían manchas redondas amarillas volando. Aquí todo se movía y temblaba. Fue horrible”, narró.

Ucrania hizo retroceder a las fuerzas rusas de las afueras de Járkov en mayo; Rusia ha negado haber atacado a civiles, pero muchos edificios residenciales de la ciudad han resultado dañados.

Si quieres saber más de cómo ha afectado la invasión rusa a las personas con discapacidad en Ucrania, te invitamos a leer:

Conoce a Tetiana Barantsova, la activista por los derechos de las pcd que escapó de Ucrania
Prótesis, una de las mayores necesidades en Ucrania
Los horrores en Ucrania vistos a través de la lente del ganador de un Pulitzer

---

Por Redacción Yo También

 En condiciones de desventaja...............................................................

Si la vida en libertad ofrece considerables obstáculos para las personas con discapacidad, para aquellas privadas de su libertad están lejos de tener un trato digno.

Abandono, abusos y carencias: la vida con discapacidad en prisión

17 de agosto de 2022

257

Compartir

Las condiciones en que viven las casi 10 mil personas con discapacidad que están privadas de la libertad es brutal, tanto para aquellas que llegaron con alguna condición a la cárcel como aquellas que la adquirieron encerradas a causa de la falta de atención médica, de higiene y de apoyo psicológico y redes de protección.

Poco después de salir de un centro penitenciario de la Ciudad de México, Octavio*, un hombre sin piernas y seis dedos amputados, pasaba sus días afuera de un supermercado, donde pedía dinero para sobrevivir; semanas más tarde fue encontrado drogado, violento y sin poder recordar las caras de sus conocidos.

El caso lo atestiguó Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta, una asociación especializada en el trabajo con personas privadas de su libertad y sus familias. “Es una de esas situaciones en las que realmente no sabes dónde estaba mejor, si en la cárcel o afuera y eso ilustra lo mal que está la situación, ¿cómo puedes preguntarte si una persona estaba mejor privada de la libertad?”, dice Saskia quien lleva esta causa desde hace más de siete años.

“La mayor dificultad que esto entraña es que muchas de estas personas solo cuentan con redes afectivas al interior de los centros penitenciarios cuando sus sentencias fueron muy largas”,

publicó en un reporte la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Recién salido de prisión, Octavio se enfrentó a la pérdida de redes de apoyo, una realidad común para las personas con discapacidad que se encuentran recluidas en alguno de los 266 centros penitenciarios que existen en el país México.

Además del abandono, las personas en reclusión que viven con alguna discapacidad se enfrentan a cárceles sin adaptaciones para la movilidad, sin servicios médicos básicos -mucho menos especializados-, viven hacinamiento y carencias incluso de insumos básicos como papel sanitario, sábanas o ropa, como muestran indicadores oficiales. Si la vida en libertad ofrece considerables obstáculos para las personas con discapacidad, para aquellas privadas de su libertad están lejos de tener un trato digno.

Según los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 que publica el INEGI, hacia finales de 2021 había 219 mil 27 personas recluidas en todos los centros penitenciarios del país, con un total de 9 mil 461 personas con discapacidad (9 mil 105 hombres y 356 mujeres). En los centros de internamiento para adolescentes había una población total de mil 393, donde únicamente 13 manifestaron vivir con alguna discapacidad (12 hombres y una mujer).

Para entender el enorme rezago del sistema penitenciario mexicano en la atención a las personas con discapacidad basta con un dato: de cada 10 cárceles estatales y federales solo tres tienen espacios adaptados (solo 89 de 266 cárceles en el país).

En el caso de los penales federales, conocidos como Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), ninguno de los 15 que hay en México está adaptado para personas con discapacidad, a pesar de que en ellos viven viven 3 mil 608 con discapacidad (3 mil 601 hombres y 7 mujeres), indican los tabulados del reporte publicado por INEGI.

Al evaluar los centros estatales de reclusión se observan grandes disparidades según donde se encuentre la prisión. En Guanajuato por ejemplo, 10 de los 11 centros penitenciarios cuentan con espacios accesibles, o en la Ciudad de México (10 de 13) pero en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas, son algunos de los estados con altos niveles de detención (y hacinamiento) pero donde no existe una sola cárcel acondicionada para personas con discapacidad.

En el caso de los 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes que hay en México, solamente 19 tienen espacios adaptados para adolescentes con alguna condición de vida.  En el sistema para adolescentes, aunque con ocupaciones significativamente menores al de adultos, el rezago en la cobertura de necesidades para personas con discapacidad es todavía mayor, pues 18 entidades del país como son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no cuentan con ninguna instalación adaptada para esta población.

“Hablar de los derechos humanos en la cárcel en general es complicadísimo y si vemos grupos vulnerables, más. Las cárceles tienen una estructura paupérrima, hay penales que datan de 1952, otros de 1969, se trata de edificios que están completamente obsoletos, que fueron construidos con una visión de castigo y no con una visión de inclusión”,

explica Niño de Rivera. 

Las carencias empiezan en suministros de productos básicos: según el censo del INEGI, de los 266 centros penitenciarios, solamente en 32 se suministran pañales, en 104 ropa, en 107 cobijas y en 36 sábanas. En el caso de centros para adolescentes, de los 53 habilitados apenas en 4 tienen pañales para aquellas personas que los requieran y en 21 solamente entregan ropa, en 19 calzado, en 30 cobijas y apenas dentro de 16 hay sábanas para los internos.

En un mundo ideal

El numeral 5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas también como Reglas Mandela, refiere la obligación de los centros penitenciarios para tener “acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión”.

El mismo documento señala que todos los centros penitenciarios deben contar con servicios de atención a la salud para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad, “en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación” y “(…) con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría.”

La realidad del sistema penitenciario dista mucho de brindar estos servicios. En total, en las cárceles de México hay 35 mil 520 elementos de personal, pero únicamente mil 339 de ellos destinados a servicios de salud para la atención de más de 200 mil personas en reclusión en el país. De todos los servidores públicos en el área médica, apenas hay 5 especialistas en ginecología y obstetricia, 4 pediatras y 16 designados para la atención de urgencias. La mayoría de las plazas del sistema penitenciario están ocupadas por elementos de custodia (20 mil 945), trabajo social, asuntos jurídicos y directivos de los centros penitenciarios.

La precariedad causa discapacidad

El hacinamiento, la insalubridad, la falta de atención médica y de alimentación adecuada (condiciones registradas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021) aumentan los riesgos de tener más o nuevas discapacidades para quienes permanecen en reclusión. Condiciones como diabetes, artritis, baja visión, así como el consumo de sustancias “rebajadas” con materiales tóxicos, inciden directamente en la disminución de la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y, eventualmente, en que puedan experimentar algún tipo de discapacidad.

“Ojalá haya rampas para personas en silla de ruedas, pero ni siquiera hay acceso a la salud para nadie. La gente se enferma por la propia cárcel, hay quienes tienen problemas de gota porque duermen amarrados, parados. El cero acceso a la salud hace que la diabetes avance mucho más rápido y  la comida lo mismo les afecta. En estas condiciones hay que pensar qué tanto la propia cárcel genera discapacidad, tomando en cuenta también los efectos del encierro en la mente”,

apunta Saskia Niño de Rivera.

Si para quienes llegan a las cárceles con alguna discapacidad (sea física o psicosocial), el panorama es sombrío, para quienes han adquirido ahí alguna discapacidad es todavía peor, advierte la Tercera Visitaduría General de la CNDH. “Es necesario identificar que hay dos grupos de personas con discapacidad, las personas ‘PL’ (privadas de la libertad) que ingresaron con una discapacidad y las personas ‘PLQUE’ desarrollaron una discapacidad durante el tiempo de su estancia en un centro penitenciario (…) En el segundo caso se observan mayores dificultades en el proceso de adaptación, principalmente derivadas de la no previsión en algunos centros penitenciarios para el uso de sillas de ruedas, de manera particular en las áreas para mujeres”, aseguró el área en un documento elaborado para Yo También.

La mayoría de estas personas deben vivir su discapacidad entre celdas colectivas, pues de las 64 mil 649 con las que cuenta el sistema penitenciario, solamente hay cinco mil 41 individuales, que generalmente son designadas sin atender criterios de discapacidad o salud. De la totalidad de las celdas, hay más de cuatro mil que no cuentan con agua corriente, servicio con el que cuentan 60 mil 37, mientras que solamente 58 mil 548 tienen baño. 

En un pronunciamiento de 2016, a propósito de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables del sistema penitenciario, la CNDH fustigó la carencia de programas específicos para el tratamiento psiquiátrico de los reclusos, el desabasto de medicamentos y material de curación, “así como limitación en el acceso a servicios básicos como agua, luz eléctrica y ventilación, en áreas específicas para la atención y rehabilitación de internos con discapacidad psicosocial”. La revisión que hizo entonces el organismo encontró que siquiera había expedientes clínicos para las personas con discapacidad psicosocial, lo que hacía imposible el acceso a un tratamiento para lograr la recuperación, algo que “violenta el derecho a la seguridad jurídica”. En su revisión 2021 a centros penitenciarios, la CNDH criticó la manera en que los sistemas penitenciarios atienden la discapacidad psicosocial: 

“… los sistemas penitenciarios a través de su personal médico y/o en psiquiatría continúa eligiendo tratamientos médicos invasivos y que en muchos de los casos no son consentidos por la persona con alguna discapacidad psicosocial, y por el contrario, desatienden las señales de alerta ante posibles conductas depresivas, de ansiedad o abstinencia producidas por las mismas condiciones en las que se encuentran, que han concluido en la pérdida de la vida a través de suicidios; siendo insostenible entonces, que por decir un ejemplo, para algunos sistemas penitenciarios estatales es más importante mantener la vigilancia de cámaras de seguridad para evitar que parejas del mismo sexo sostengan contactos físicos o íntimos, que el brindar un adecuado acompañamiento y vigilancia permanente a través de estos mecanismos, para evitar las agresiones o autoagresiones de personas que enfrentan algún padecimiento mental y con ello, evitar el menor número de muertes por suicidio.”

Entre abusos y abandono 

La llegada a la cárcel de una persona con discapacidad acarrea en muchos casos el abandono de la familia, lo que agrava la estancia de las personas en reclusión. En 1993, la CNDH plasmó en la recomendación 205/1993 una observación sobre cómo a pesar de haber cumplido su pena, la reclusión de las personas con discapacidad se alarga. Esta reclusión “alargada” obedece a que estando en prisión se pierden las redes de apoyo de muchas personas, especialmente de mujeres y de personas con discapacidad, refiere Saskia Niño de Rivera.

“Algo que pasa mucho es que quienes cometen delitos y obtienen penas entran a un escenario complicado porque su estancia en prisión genera problemas para su familia. Generan costos adicionales y cuando a ello se suma una discapacidad psicosocial, la familia tiende a pensar que es mejor que estén adentro, en un lugar relativamente seguro. Muchas personas ven la cárcel como ‘ah me salvaron, ya no tengo que hacerme cargo yo (del familiar con discapacidad)’, y es ahí cuando empieza el abandono”,

explica la activista. 

Según la CNDH durante 2021 hubo 42 registros de abusos cometidos contra la población en reclusión, de los que 20 tuvieron como víctimas a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluida una persona con discapacidad mental. Además de abusos físicos, están documentados algunos de índole sexual, violencia colectiva, negligencia, maltrato, cobros y extorsiones, humillaciones y amenazas. De los 39 homicidios cometidos dentro de centros penitenciarios en 2021, hubo una víctima con discapacidad psicosocial, en el Centro de Reinserción Social Tepexi de Rodríguez en Puebla.

La falta de vigilancia y de control de situaciones de convivencia ya había sido identificada en 2016 por la CNDH, que entonces advirtió que estas condiciones provocaban victimización, abusos físicos, sexuales y psicológicos en contra de las personas con discapacidad psicosocial. De las 11 mil 858 quejas o peticiones presentadas a lo largo del año, 44 son de personas en situación especial de vulnerabilidad; de ellas, dos corresponden a personas con discapacidad física y siete a personas con discapacidad psicosocial. La condiciones constatadas por el organismo, abunda el informe, muestran que hay una “deshumanización” del sistema penitenciario mexicano, con tratos crueles, inhumanos y degradantes como regla.

Por Itzel Ramírez